
Una de las características de la economía latinoamericana ha sido históricamente la importancia de su sector informal, donde se concentran la precariedad laboral y el déficit de trabajo decente, rasgos que afectan especialmente al género femenino. Las fallas en el acceso a los beneficios y garantías de la seguridad social se reflejan en que solamente en tres de los 18 países en estudio el porcentaje de mujeres con cobertura supera el 50 por ciento, mientras que, en países como Perú y Bolivia la proporción apenas sobrepasa el 10 por ciento.
Los países que encabezan el ranking, Uruguay y Chile, cuentan con un porcentaje de cobertura femenina del 58 por ciento. Un escalón más abajo se ubica Costa Rica con el 53 por ciento, mientras que Panamá y Brasil aparecen en el cuarto y quinto lugar, con el 50 y el 46 por ciento, respectivamente.
De acuerdo al informe de la OIT, la falta de cobertura agudiza los problemas de pobreza e inequidad cuando trabajadores y trabajadoras alcanzan la edad de retiro y necesitan reemplazar los ingresos provenientes del trabajo por aquellos procedentes de la seguridad social. La mayor parte de las mujeres que tienen más de 65 años no cobra su haber jubilatorio, ya que se han dedicado a lo largo de su vida adulta a realizar tareas domésticas y familiares. En el caso de las mujeres activas laboralmente, en general, presentan trayectorias discontinuas y salarios inferiores a los hombres, lo cual repercute en el monto de su pensión.
Fuente: Rofman, Lucchetti, Ourens (2008)
(Publicado el 27 de julio de 2009)
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